JORNADA «IMAGINA UN FUTURO CON LA RENTA BÁSICA INCONDICIONAL»
En esta jornada, una de las ponencias trató sobre la situación de las personas mayores en relación con la vivienda. Podéis leerla a continuación.
Mayores y vivienda digna. RBU- Madrid 31 de mayo de 2025
Maria Victoria Zunzunegui. viki.zunzunegui@gmail.com
Gracias por la invitación a participar en esta jornada sobre la renta básica universal y la vivienda digna. También gracias por incluir el tema de las personas mayores entre las poblaciones afectadas por la falta de viviendas dignas. Trabajamos por un envejecimiento digno. Consideraré dos grupos de población en riesgo de no tener acceso a un lugar digno para vivir: los mayores que viven de alquiler y los mayores dependientes que viven en residencias.
En el primer grupo se encuentran:
- las personas mayores desahuciadas, cuyas historias aparecen en los periódicos y después caen en el olvido. Personas que pueden tener más 80 años , vivir en un piso alquilado en Lavapiés, que son desahuciadas porque el edificio donde viven ha sido comprado por un fondo de inversión y será transformado en viviendas de temporada.
- las personas que afrontan subidas de alquiler que pueden pagar a costa de quedar con ingresos insuficientes para comer, tener una temperatura adecuada en sus hogares, restringir o eliminar actividades de ocio y no poder ir al dentista o ponerse unos audífonos. Las investigaciones epidemiológicas demuestran que los ingresos insuficientes generan mala salud y discapacidad para llevar una vida autónoma, generan discapacidad y dependencia.
- las personas que no pueden pagar las subidas de alquiler. Estas personas acumulan deudas y tienen que buscar una alternativa habitacional. – A veces se trata de alquilar una habitación o de alquilar una habitación en un piso troceado, en situación de aislamiento social, y continuar viviendo con ingresos insuficientes que generan mala salud y discapacidad. (Quizás podrán ingresar en una residencia como las de las Hermanitas de los ancianos desamparados o en una residencia pública, aun sin tener un grado de discapacidad avanzado)
Y esto nos lleva al segundo grupo, los mayores que viven en residencias. Hace unos años yo estaba trabajando con un grupo de profesionales sanitarios sobre las condiciones de vida en el campo de refugiados de Lesbos (aún no se había producido el incendio que acabó con este campo). Concluíamos que este campo era un entorno torturante por la violencia en las relaciones, por la falta de seguridad física, la falta de intimidad, las comidas de mala calidad e insuficientes, la falta de atención sanitaria y las temperaturas extremas. Escribiendo este trabajo me pregunté si las residencias de mayores cumplen la definición de “entornos torturantes” y mi respuesta fue que, aunque no todas la cumplen, algunas o muchas sí lo hacen.
Las residencias no han mejorado después de la pandemia, 35000 personas murieron por COVID en ellas, un tercio del total de defunciones de toda la población española. Cómo sabéis en Madrid el 21% de los residentes falleció solo en dos meses, marzo y abril de 2020, y 7291 de ellos sin atención hospitalaria. A pesar de esta catástrofe, consecuencia de políticas crueles y discriminatorias, las residencias de personas mayores en situación de dependencia no han mejorado. Lo sabemos por los indicadores de brotes de enfermedades infecciosas y por las quejas de residentes y de familiares y trabajadores ya que no tenemos indicadores oficiales de calidad.
La causa de esta situación es que la dependencia es un negocio. Casi el 90% de las plazas de residencia son privadas o están gestionadas por un a entidad privada. La atención a la dependencia es una función del GOBIERNO: Nos preguntamos ¿Cuándo puede ser adecuada la privatización de una función del gobierno? Mi respuesta, siguiendo a Georges Lakoff, es: Cuando la misión de protección del gobierno para asegurar la vida, no esté en juego.
La primera responsabilidad de un negocio es ganar dinero. La primera responsabilidad de un gobierno es proteger a los ciudadanos. Los negocios venden productos, bienes y servicios. Los gobiernos deben asegurar viviendas, comida, agua potable, carreteras, centros educativos y sanitarios, y asegurar que la economía se mueva por cauces de baja inflación y bajo desempleo.
El peligro de la privatización es que el ánimo de lucro pueda intervenir y socavar la misión moral del gobierno. No podemos continuar con la colaboración publico privada en los cuidados residenciales, al menos en estas condiciones de impunidad absoluta y sin sistemas de evaluación. (Según tiempo explicar nuestro estudio de mortalidad en marzo y abril de 2020). Los cuidados residenciales cuestan mucho dinero y la forma de conseguir beneficios es reducir la calidad y cantidad de la comida y precarizar a las trabajadoras.
Somos unos de los países más longevos del mundo, gracias a nuestros hábitos de vida mediterráneos y a nuestro sistema nacional de salud, pero estamos tratando mal a los mayores que llegan en condiciones de dependencia al final de su vida.
Maria Victoria Zunzunegui es epidemióloga e investigadora en envejecimiento.
Doctora en epidemiología por la Universidad de California en Berkeley. Catedrática de epidemiología en la Escuela de salud Pública de la Universidad de Montreal (1999-2016). Estudia los factores asociados al género que determinan la salud y la vejez. La importancia de la violencia y la pobreza en la infancia para el futuro.
Ha participado en el documental “7291” sobre las residencias en Madrid durante la pandemia por COVID.